(Vehículos) La jueza del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el 4 de julio el conocimiento de una solicitud de medida de coerción en contra del director de Aduanas Juan Fernando Fernández y otros funcionarios de esa dependencia por alegadamente violar la Constitución de la República, y Tratados Internacionales en la aplicación de cobros de impuestos a una compañía importadora de vehículos.

La magistrada Keila Pérez Santana, adoptó la decisión a los fines de que en la audiencia esté presente el director de Aduanas y Heriberto Minaya Matos,  subdirector de Tecnología, quienes no comparecieron, no obstante haber sido citado mediante acto de alguacil.

 Sin embargo, a la audiencia de la vista de medida de coerción, comparecieron William Francisco Espinosa Burgos, subdirector operativo, Rossana Altagracia Valdez Marte, consultora jurídica en funciones, Gregorio Lora Arias, asesor del director general de Aduanas, Wilson Augusto Acosta Rivas, administrador aduanero y Jair Samuel Caraballo Guillen, administrador aduanero.

 Gregorio Lora, asesor de adunas, dijo que la entidad es respetuosa de la justicia y las leyes.

 La medida de coerción, es solicitada por los abogados de Alberto Then y asociados auto importadora y auto Corolla ,empresa dedicada a la importación de vehículos usados, quien se querello formalmente por ante la Fiscalía del Distrito Nacional en contra de la Dirección General de Aduanas y sus funcionarios, a través de sus abogados Tomas Castro y Freddy Mateo Calderón.

 Alegan que al emitir la comunicación No.0000304 y 305, de fecha 13 de enero del 2014 y la comunicación No.00003231 del 19 de marzo del 2014, con las cuales imponen la aplicación de una metodología por depreciación (Tabla de valores o Bases de Datos), para el pagos de los impuestos a las importaciones  de vehículos usados, se hizo en franca violación a los que establecen las leyes y tratados internacionales.

 Aducen que, adicionalmente, la Dirección General de Aduanas y sus funcionarios, se empeñan en mantener una acuerdo de irritantes privilegios a 20 grandes empresas importadoras de vehículos nuevos y de lujo, mediante el cual otorgan descuentos ilegales de hasta el 80% de los tributos a los vehículos que importan, dejando de cobrar miles de millones de pesos de impuestos a los importadores de vehículos nuevos en perjuicio del Estado Dominicano.